Bases Programáticas

El Estado, a cualquiera de sus niveles, debe encabezar un proceso de descentralización que acentúe las facultades y atribuciones de las administraciones locales, atento el mayor contacto personal que las mismas poseen con los vecinos, lo cual coadyuva a la satisfacción de sus necesidades, y redunda en el interés General. Esa descentralización debe ser armoniosa, de modo tal que no implique una transferencia indiscriminada de competencias, sino debe ser paulatina, para así permitir la adaptación de los gobiernos locales o problemáticas a las que no se encuentran habituados.
Ello redundará en un aumento de la participación de los vecinos, ya que motivará a los mismos a involucrarse en la gestión de la cosa pública de su ciudad o localidad, al sentirse participe de su destino e instrumento de realización del bienestar general.
Ello implica una verdadera realización del sistema federal de gobierno en el ámbito nacional, y una paulatina descentralización y regionalización en el orden provincial, como muestra de un criterio moderno del rol del estado, que puede mantener su presencia y a la vez acentuar el rol del individuo.

El Estado, tiene mucho que hacer en material cultural. Debe haber una política cultural que preserve la identidad local y regional, además de la autóctona, y ello no es incompatible con una identidad nacional.
Debe fomentarse y solventarse la producción artística en sus diversas expresiones, como un modo eficiente de contrarrestar la influencia constante y uniformante de la cultura de masas, que pone acento en el consumo más que en la realización personal y espiritual de los ciudadanos.

La Educación Pública, debe ser revitalizada y actualizada los contenidos pedagógicos. Debe concientizarse a los vecinos que la educación es la mejor herramienta de movilidad social y es lo que en definitiva permitirá a sus hijos acceder a un bienestar en sus vidas.
Debe la Universidad potenciar el pensamiento crítico y creador de nuestra sociedad. Deben considerarse alternativas y políticas para organizar centros de estudios que se articulen con las necesidades y posibilidades de desarrollo de los lugares donde se encuentren.
El sistema educativo –tanto bajo la gestión pública como bajo la gestión privada- encuentra enormes dificultades para cumplir su rol de trasmisor relevante de la herencia histórica de cultura nacional, para formar al educando con arreglo a un sistema de valores éticos y morales socialmente consensuados y, más aún, para dotar a todos de la capacidad laboral básica necesaria para iniciar su vida adulta, previendo además la actualización ascendente de esa capacidad.

Debe instrumentarse acciones de gobierno que vuelven a colocar al hombre, entendido como persona, en el centro de toda decisión política. Rechazamos el dictado arbitrario del número sobre el individuo. La economía no tendría razón de ser si no prioriza la realización del hombre. No desconocemos que los recursos son escasos, pero sostenemos que es posible instrumentar acciones de gobierno que sirvan para redistribuir el ingreso y de esa forma lograr equidad en la riqueza.
Somos respetuosos de las libertades individuales, pero sostenemos que ellas deben ser observadas desde la óptica del interés general de la población.
Debe promoverse el desarrollo tecnológico, ya que ello redunda necesariamente en el movimiento económico de la nación.
De asimismo diseñar un modelo de país, entendiendo el perfil económico que quiere darse a la nación, y como se articulan las economías regionales dentro de dicho esquema.

La vivienda digna hace a la esencia de la persona. Deberán instrumentarse planes de vivienda que posibiliten acceder a quienes no la tienen. Pero también deberán instrumentarse acciones para erradicar la vivienda precaria. La solidaridad y colaboración de los interesados es imprescindible para ello, y debe estimularse su compromiso e intenciones de progreso social para instrumentar construcciones comunitarias que hagan tener orgullo por contar con la vivienda propia.

Es condición indispensable de toda sociedad organizada, la preservación y defensa de la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
De combatirse sin tregua al delito, no solamente en sus manifestaciones concretas sino en sus causas que se remontan no solo a características personales, sino a situaciones sociales, ambientales y económicas. Reconocemos a la marginalidad como fuente generadora de indignidades y por lo tanto la política de gobierno debe encargarse de reinsertar a todos esos vecinos en una sociedad solidaria.
Deben revisarse las leyes de procedimiento, para así receptar procedimientos ágiles y modernos que permitan de ese modo una aplicación lo más inmediata posible de la legislación de fondo. Para ello deben quitarse todos los obstáculos que se interponen entre los funcionarios y magistrados judiciales y que de ese modo evitan una inmediatez en las materias a resolver.
Debe acentuarse la participación ciudadana en este poder del estado, bregando por la efectivización concreta de un sistema de enjuiciamiento por jurados legos, ya que todo vecino debe sentirse comprometido con su realidad y estimulado para adoptar medidas que redunden en beneficio de la sociedad toda.